Otro patrón compuesto, construido a partir de lo que se repite en la práctica de comprobación de sociedades pequeñas y medianas: alguien constituye una sociedad limitada, y esa sociedad empieza a pagarle a él mismo (o a su cónyuge, o a otra sociedad suya) por un local, un préstamo o unos servicios profesionales. Legal, habitual, y exactamente el tipo de operación que Hacienda revisa con más atención cuando las dos partes de la transacción son, en la práctica, la misma persona.
Qué es una operación vinculada
Cualquier transacción entre una sociedad y sus socios, administradores, o personas y entidades relacionadas con ellos, se considera una operación vinculada a efectos fiscales. La ley no lo prohíbe — lo que exige es que esa operación se valore a precio de mercado, exactamente como si se hubiera hecho entre dos partes independientes que no tuvieran ningún interés común. El artículo 18.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades obliga además a mantener documentación disponible que justifique esa valoración, con métodos reconocidos (precio comparable, coste incrementado, precio de reventa, entre otros).
Dónde suele fallar en la práctica
- El alquiler del socio a su propia sociedad, fijado muy por encima o muy por debajo del precio de mercado de una nave o local similar en la misma zona — sin ningún estudio o comparable que lo sustente.
- El préstamo del socio a la sociedad sin interés, o con un interés que no se acerca al que un banco aplicaría en condiciones similares — Hacienda puede recalificarlo e imputar un interés de mercado igualmente.
- Los honorarios por servicios profesionales del socio a su propia sociedad, fijados de forma que optimicen la carga fiscal conjunta (mucho beneficio en la sociedad, poco en el socio, o al revés) en lugar de reflejar lo que costaría contratar ese mismo servicio a un tercero independiente.
En sociedades profesionales (consultoría, servicios, actividades donde el valor lo genera principalmente la persona, no la estructura) esta última es, con diferencia, la más habitual — y la que Hacienda tiene más experiencia identificando, precisamente porque el patrón se repite mucho.
El coste de no documentarlo bien
La falta de documentación, o aportar datos falsos o incompletos, conlleva sanciones fijas de 1.000 € por cada dato omitido o 10.000 € por conjunto de datos, además de una sanción proporcional que puede llegar al 15% del valor de la regularización practicada sobre la propia operación. Esto se suma al ajuste fiscal en sí — la diferencia entre lo declarado y lo que Hacienda considera valor de mercado, con sus intereses correspondientes.
Lo que evita el problema, y no es complicado
No hace falta un informe de precios de transferencia digno de una multinacional para una operación vinculada de una pyme o un autónomo con su propia sociedad. Basta con: comparar con precios reales de mercado para operaciones similares (anuncios de alquiler comparables, tipos de interés de mercado, tarifas de mercado para el servicio profesional en cuestión), guardar esa comparación por escrito en el momento de fijar el precio —no reconstruirla después de que Hacienda pregunte—, y aplicar el mismo criterio de forma consistente año tras año en lugar de ajustarlo cada ejercicio según convenga fiscalmente.
En los comentarios: si tienes operaciones vinculadas con tu propia sociedad (alquiler, préstamo, servicios), cuenta cómo documentas la valoración a precio de mercado y si alguna vez te la han cuestionado en una comprobación. Es la parte más práctica y menos explicada de toda la fiscalidad societaria.
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Fuentes consultadas: artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, manual práctico de Sociedades de la Agencia Tributaria sobre operaciones vinculadas. Esto no es asesoría fiscal — la valoración correcta de una operación vinculada concreta depende de tu actividad y debe documentarse con ayuda de un asesor.